El asesor jurídico de la república en la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba, doctor Carmelo Borrego, aseveró este miércoles que ese territorio le pertenece a Venezuela.

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En entrevista exclusiva para teleSUR, el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Central de Venezuela (UCV) explicó que Guayana pertenece a esa nación, «toda la Guayana. Esto es desde la Capitanía General».

«Todo ese territorio heredado de la Capitanía General de Venezuela implicaba la provincia de Guayana, todo eso formaba parte de su territorio. Sobre estos aspectos existen documentos históricos, mapas incluso. Todo forma parte de nuestro arsenal de documentación histórica para seguir fundando los derechos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba», aseguró.

Además, añadió que la situación actual se presenta a partir de la demanda que unilateralmente presentó la República Cooperativa de Guyana ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), «su base es sencillamente la carta que emite el secretario general a través de la cual se elije a la CIJ como el medio para resolver la controversia según los términos, de acuerdo con el secretario general, del Acuerdo de Ginebra».

«La situación en la que se establece de una manera irregular esa demanda conduce a Venezuela a tener que buscar mecanismos de defensa y esos mecanismos de defensa incluyen contradecir todos los elementos que pudieren ser, y los que son, integrados en la demanda guyanesa. Esto hace que, particularmente, nuestro primer acercamiento ante la Corte, a través de la Vicepresidencia de la República, fue justamente señalarle a la Corte que no tenía jurisdicción sobre este asunto para conocer de los términos del Acuerdo de Ginebra», dijo.

Detalló que esto generó una incidencia que la Corte misma señaló los momentos para plantear la discusión entre memorias y contramemorias. «Venezuela nunca presentó una contramemoria, Guyana sí en relación a ese aspecto de la primera incidencia que se presentó con respecto a la negativa de Venezuela de estar presente en este procedimiento», acotó.

El asesor indicó que Venezuela luego presentó un documento sobre los argumentos y elementos documentales con relación a su posición ante la competencia de la Corte para conocer el asunto, «porque esto sencillamente es lo que dice el Acuerdo de Ginebra, un arreglo práctico y satisfactorio para las partes, es decir, alcanzar ese arreglo sobre esas bases, no existe otra base». 

«La Corte, luego de hacer una audiencia que la hizo en 2020 en forma telemática, que solamente estaba Guyana allí, terminó por fin en una sentencia el 18 de diciembre de 2020. Allí la Corte reafirma evidentemente que tiene jurisdicción sobre el asunto, pero hay una particularidad, la Corte dice que a partir de la negativa de Venezuela y a partir de la contradicción y la contención venezolana que se manifestó a través de escritos bien fundados, la Corte señaló que solo iba a conocer de las ‘reclamaciones’ de Guyana que existían para el momento en que se firma el Acuerdo de Ginebra, 17 de febrero de 1966», precisó.

Ante esto, recordó que para ese momento el único presente era Reino Unido. Además, se refirió a la acción emprendida por la vicepresidenta ejecutiva venezolana en su momento, Delcy Rodríguez, al reiterar que la Corte no tiene jurisdicción, pero que escucharían sus planteamientos.

«La Corte en el mes de marzo, a través de una orden, fija el término para memoria y contramemoria; Guyana presenta su memoria el 8 de marzo de 2022. Basado en ello y utilizando las herramientas reglamentarias y jurisprudenciales, Venezuela presenta no una contramemoria, sino a los tres meses exactamente unas objeciones preliminares que tenían una gran cantidad de elementos, particularmente se focalizaban en que el Reino Unido», que era el único presente en la firma del Acuerdo.

Borrego enfatizó que «la Corte no tiene jurisdicción para conocer de los términos del Acuerdo de Ginebra de 1966 y eso debe quedar claro».

«Tuvimos contención por parte de los abogados de Guyana, ellos negaron que teníamos posibilidad de que la Corte admitiera este asunto, pidieron expresamente que se negara la audiencia oral, que no se escuchara a Venezuela y que nosotos habíamos quebrantado la orden dada por la CIJ en junio de 2018. Guyana, después de 1966, jamás ha querido sentarse a discutir nada. Ahí están los documentos de la comisión mixta del año 1966 hasta el 70, donde lo que hizo Guyana fue sentarse a esperar, dejar pasar el tiempo», manifestó.

Con respecto a que la objeción preliminar de Venezuela es admisible, explicó que la admisibilidad es «como una primera fase de una acción que uno intenta. La Corte en este caso declara que es admisible la objeción porque evidentemente nosotros teníamos suficientes argumentos jurídicos e históricos por los cuales demostramos que Reino Unido no está presente y tenemos que discutir es con Reino Unido, no con Guyana».

También destacó que la estrategia de Venezuela fue la correcta y reafirmó que la demanda de Guyana no era admisible porque faltaba un componente que se llama Reino Unido.

«Si no estamos frente a Reino Unido entonces qué es lo que sigue y con quién. En ese sentido, la Corte manejó un criterio extraño porque ha violentado su propia jurisprudencia y de alguna manera sus propias reglas legales del estatuto; un Estado no puede estar en un procedimiento ante la Corte sin su consentimiento, este es un principio general aceptado por toda la jurisprudencia de la Corte y así lo ha establecido», indicó.

«Ellos lo que extrajeron del Acuerdo de Ginebra es que si el Reino Unido firmó el Acuerdo de Ginebra, se constituyó en parte del Acuerdo de Ginebra, quiere decir que asume todas las consecuencias que se deriven del Acuerdo de Ginebra con lo cual ellos tienen que ver con los medios de solución de conflicto basado en el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas» y que están planteados en el referido acuerdo.

Borrego aclaró que ellos se van a dedicar a evaluar el comportamiento del Reino Unido de esa época «a partir de las consideraciones que el propio Acuerdo de Ginebra plantea».

Con relación a lo que viene, expuso que ahora la Corte fijó la contramemoria de Venezuela para dentro de 12 meses, hasta abril de 2024 y que «Venezuela considerará o no participar».

«Lo importante es que Guyana solicitó por escrito y en plena audiencia oral que a Venezuela se le otorgase nueve meses solo para presentar su contra memoria y la Corte lo desechó», resaltó.

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